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Aunque la construcción es la que más está sufriendo el azote de la crisis, UPTA advirtió de que el comercio ya ha perdido casi 30.000 afiliados en el último año y que, pese a haber experimentado una ligera recuperación en los últimos meses, en julio volvió a ofrecer síntomas de debilidad, al perder 1.265 activos.

La organización de autonómos reclamó medidas urgentes para proceder a una reestructuración ordenada del sector, posibilitando el acceso al crédito, fomentando la modernización de los negocios comerciales y, sobre todo, promocionando el relevo generacional a través de la jubilación anticipada de los comerciantes de mayor edad y la incorporación de los jóvenes a la actividad comercial.

El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, subrayó que la evolución del empleo en España depende del comercio y que, por tanto, "no debería buscarse en otros ámbitos".

La organización de autónomos ha elaborado un Plan Especial de Urgencia para el Comercio Familiar, del que ya hizo entrega al Gobierno y a la Mesa del Trabajo Autónomo, con un contenido específicamente fiscal y social, para que igual que se ha hecho en otros sectores, como en el del transporte, se pueda dar una alternativa inmediata a los principales problemas planteados por las nuevas circunstancias económicas.

El principal objetivo es el mantenimiento de las actividades actuales, más allá de los cambios estructurales que deberán ser asumidos en el futuro próximo. Uno de los puntos más importantes del Plan elaborado por UPTA es que se establezca una medida general de crédito fiscal o pago aplazado de impuestos para todos los comercios cuya titularidad corresponda a una persona física o a una sociedad que no tenga más de dos trabajadores y 500 metros de superficie comercial y que no forme parte de una cadena o grupo.

También reclama que a todos los autónomos del comercio familiar con más de 55 años que quieran abandonar la actividad se les establezca un pago único de 20.000 euros en el momento del cese y una prestación semestral de 6.000 euros hasta la edad de 65 años. En este caso se mantendría por convenio la cotización a la Seguridad Social y el local debería ser puesto a disposición prioritaria de una agencia de alquiler público.