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Esta propuesta parte de una moción presentada por CiU, que quiere aumentar también el porcentaje de la capitalización de las prestaciones por desempleo del 60% al 80% para aquellos parados menores de 30 años --35 en el caso de las mujeres-- que quieran iniciar su actividad empresarial en el autoempleo.

En definitiva se busca 'plan de rescate' para los autónomos que contemple medidas para mejorar la financiación de su actividad y su protección social, para lo que se presentará antes de junio un proyecto de ley que regule la prestación por cese de actividad de estos trabajadores. Para ello se han puesto de acuerdo los parlamentarios del PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, IU y BNG alcanzaron hoy un acuerdo en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno que impulse.

Así, la propuesta aboga por desarrollar el Estatuto del Trabajo Autónomo "en su totalidad", reclamando al tiempo que se incluya a los autónomos en las ayudas a la búsqueda de empleo puestas en marcha por el Ejecutivo hace un año y estudiar la jubilación anticipada y parcial a los 60 años de este colectivo

Los portavoces de Trabajo de los siete partidos firmantes del acuerdo ofrecieron una rueda de prensa conjunta para celebrar la iniciativa, que en palabras del representante del PSOE, Jesús Membrado, lanza un mensaje de "esperanza y de confianza" a los autónomos "aunque queda mucho por hacer".

Por su parte, el representante de CiU y autor de la iniciativa, Carles Campuzano, celebró el consenso alcanzado por las formaciones política, en especial en lo referido a la cobertura social de los autónomos y el apoyo al comercio minorista, "el más perjudicado por la crisis detrás de la construcción".

En términos similares se expresaron el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, el 'popular' José Eugenio Azpiroz, y el diputado de ERC Francesc Canet, quienes coincidieron en señalar que "todos los grupos han cedido" para lanzar este plan de apoyo a un colectivo en dificultades.

La iniciativa plantea que se modifique, simplifique y amplíe el acceso de los autónomos a las líneas de financiación del ICO, incrementando el aval público de las mismas del 50% al 60%, al tiempo que aboga por facilitar el aplazamientos del pago de impuestos y cotizaciones sociales.

El documento se hace eco también de las principales reclamaciones de los trabajadores autónomos y urge al Ejecutivo a establecer mecanismos para reducir la morosidad de las Administraciones Públicas y organismos oficiales, en paralelo a la "necesaria mejora" de su suficiencia financiera, especialmente en el caso de las corporaciones locales.

Además, eleva al Gobierno el mandato de crear un programa interministerial de ayudas y de financiación para el comercio minorista, familiar y de proximidad, para el mantenimiento de sus negocios.

El texto pactado consta en total de 16 puntos, entre los que figura la creación de un bonificación del 50% durante dos años para el primer asalariado con contrato indefinido del autónomo, así como estudiar incentivos en esta línea para la contratación de trabajadores que sustituyan a un autónomo en situación de incapacidad temporal.

Se reclama, por último, que se impulse el acceso a los recursos para la formación continua de los trabajadores autónomos en los términos en que se pacten con las asociaciones representativas del trabajo autónomo. En este sentido, pide "divulgar" el Convenio suscrito entre la DGPYME y las asociaciones ATA, UPTA y CEAT, que cuenta con una línea de avales de 500 millones de euros a través de las Sociedades de Garantía Recíproca.