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El proyecto de ley mantiene la protección del pequeño comercio y perpetúa las trabas a la apertura de grandes formatos.

Y es que, aunque la nueva ley incluye la “ausencia de autorización” con carácter general a la hora de abrir un establecimiento, también recoge la posibilidad de que las autoridades competentes establezcan un régimen de autorización siempre que sea “necesario, no discriminatorio y proporcional”.

El Gobierno tampoco establece un marco común para todo el Esta-o y deja a las comunidades determinar los metros que definen a una gran superficie. Las autonomías podrán también aducir razones de “medio ambiente, entorno urbano u ordenación de territorio” para limitar la instalación de cualquier establecimiento, con lo que se refuerza la posición de regiones como Cataluña, una de las que más obstáculos ha puesto a la implantación de grandes superficies comerciales.

El presidente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), Luis Berenguer, denuncia el texto por “discriminatorio” con las grandes superficies, y considera que no traerá cambio alguno.

La CNC ha sido el primer organismo en criticar la reforma aprobada por el Ejecutivo, pero no el único. Asociaciones de distribuidores como Anged o Asedas, organizaciones de consumidores como la OCU o incluso CC. OO., que solicita que se detalle expresamente en qué casos las comunidades pueden imponer autorizaciones, han argumentado en contra de la nueva ley.